La ley permite que el divorcio se solicite:

• De mutuo acuerdo, por ambos cónyuges. Con un mismo abogado. 
• De mutuo acuerdo, por uno solo de ellos con el consentimiento del otro. Con un mismo abogado.
• De mutuo acuerdo, por ambos cónyuges. Cada uno de ellos con un abogado diferente que defienda sus intereses.
• Por uno solo de los cónyuges sin consentimiento del otro. Se denominará divorcio contencioso cuando los cónyuges no se pongan de acuerdo sobre las medidas que se solicitan. 

 Si te interesa conocer más sobre los divorcios y separaciones, te invitamos a leer este artículo de nuestro blog donde lo explicamos con más detenimiento. (PONER ENLACE AL artículo del  BLOG)

Los períodos varían según cada familia pudiendo establecerse por semanas, quincenas o meses según las circunstancias familiares. Puede establecerse que los hijos vivan en el domicilio familiar y sean los padres los que se alternan, o que sean los hijos los que se trasladen al domicilio de cada progenitor.  

La Ley 15/2005, de 8 de julio, la introdujo de forma expresa en nuestro Código Civil, siendo una cuestión muy debatida desde su entrada en vigor.

Dicha reforma del Código Civil abordó la custodia compartida como una medida excepcional, sin embargo, el Tribunal Supremo en repetidas sentencias se ha pronunciado, dejando clara su postura a favor de la custodia compartida. Dispone que la custodia compartida deberá considerarse normal e incluso deseable porque permite que sea efectivo el derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores, siempre que ello sea posible. 

Si bien es cierto que, a partir de la reforma y las sentencias del Tribunal Supremo, los jueces se inclinan más por la custodia compartida, en la práctica no se ha producido un incremento significativo. Sigue primando en los divorcios de mutuo acuerdo la custodia monoparental, a favor de la madre. 

El régimen preferible es la custodia compartida, en cambio, no es viable en todos los modelos de familia, ya que el régimen a adoptar depende del caso concreto y circunstancias de los menores y de los progenitores.

Si te encuentras en esta situación y te surgen dudas sobre el régimen de custodia y las medidas →  Contacta y te asesoramos.

En los procedimientos de divorcio, momentos de un importante conflicto personal, la mayoría de las veces no se presta atención a la liquidación de la sociedad de gananciales, dejándose para momentos posteriores, y esto puede ser contraproducente. Con el paso del tiempo, el distanciamiento y el deterioro de las relaciones personales acaban afectando al patrimonio de los excónyuges.

Para poder proceder a la liquidación de gananciales se han de realizar una serie de operaciones con el fin de determinar si existen bienes gananciales. Si hay bienes gananciales, se repartirán por mitad entre los cónyuges después de aplicar las deducciones y reintegros de los bienes privativos.  

Somos expertos en la liquidación de gananciales. Procedimiento que consiste en la realización de todas aquellas operaciones particionales que sean pertinentes para dividir el patrimonio común de los cónyuges. ¿Necesitas ayuda? Pide una cita.

El impago de pensiones sucede cuando una persona con una resolución judicial que le obliga a pagar una determinada cantidad como pensión de alimentos o pensión compensatoria no cumple con la obligación legal de pagar. 

Esto es, cuando se deja de pagar 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor del cónyuge o sus hijos, bien establecida en convenio homologado judicialmente o en resolución judicial. Este hecho puede desencadenar una serie de implicaciones tanto en el ámbito civil como penal.

Se podrán reclamar todas las cantidades impagadas hasta la celebración del acto de juicio. Por tanto, no sólo se pueden reclamar las cantidades debidas en el momento en el que se demanda, sino también todas aquellas que se devenguen durante toda la tramitación del proceso hasta la fecha en que se celebre el juicio. 

Si esto sucede en ámbito civil, el deudor puede ser condenado a pagar la deuda acumulada y a hacer frente a los intereses y costas judiciales.

Por otro lado, podrás reclamar las pensiones de alimentos o compensatorias impagadas interponiendo una denuncia por abandono de familia, en la Policía o en el Juzgado de guardia. 

Para que el impago de pensiones constituya un delito penal, debes acreditar que el impago no viene determinado por una imposibilidad de su pago, sino que ha sido voluntario, es decir, demostrar que quien no paga, no lo hace a pesar de que su situación económica se lo permitiría. También se debe demostrar que el impago ha sido reiterado o que se ha prolongado en el tiempo, dado que no es lo mismo un «olvido» puntual que algo recurrente (por el agravante de la intencionalidad).

¿Te encuentras en esta situación? Si deseas que estudiemos tu caso de forma concreta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Art. 156. Expediente de jurisdicción voluntaria por desacuerdos entre los progenitores en el ejercicio de la patria potestad

Se prevé que el ejercicio de la patria potestad se ejercerá de manera conjunta por ambos progenitores, o por uno de los progenitores con el consentimiento del otro.

Son ejemplos de controversias frecuentes entre progenitores en el ejercicio de la patria potestad las siguientes:

• – Lugar de residencia del menor y posibles traslados del mismo. 
• – Viajes del menor al extranjero.
• – La asistencia a una guardería, así como la elección de centro escolar y la orientación del mismo (público o privado, laico o religioso).
• – Intervenciones médicas quirúrgicas y estéticas, salvo los casos de urgente necesidad.
• – La elección de especialistas médicos, así como asistencia a cualquier tipo de terapia de logopedia, psicología, fisioterapia, etc.
• – La celebración del bautismo, la primera comunión, confirmación u otros sacramentos.

Art. 158. Expediente de jurisdicción voluntaria que tienen como finalidad adoptar medidas de protección urgente respecto a nuestros hijos

Existe la posibilidad de iniciar un expediente de jurisdicción voluntaria para adoptar cualquier medida que tenga por finalidad apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas, es decir situaciones de riesgo grave e inminente.

Por ejemplo, evitar una sustracción del menor, o pedir que se suspenda la patria potestad o un régimen de visitas de nuestros hijos con uno de sus progenitores cuando se considere que el menor corre peligro (casos de violencia familiar, casos de consumo de estupefacientes por parte de uno de los progenitores, etc)

A estos procedimientos de jurisdicción voluntaria, se le dará una tramitación preferente y urgente, habiendo supuestos en los que, incluso, se puede celebrar la vista en 15 días, dependiendo de la urgencia ante la que nos encontremos.

Si tiene un sentencia que se está incumpliendo causándole perjuicios (por ejemplo, si su expareja no cumple algunos de los pronunciamientos recogidos en la sentencia de divorcio de los cónyuges o si tiene una sentencia a su favor en la cual la parte contraria tiene que abonar una cantidad de dinero y no lo hace), puede solicitar una ejecución de sentencia con el fin de que la situación se normalice.

El perjudicado debe presentar una demanda ante el juzgado competente en la que se especifique todos los datos vinculantes a la causa (los tribunales intervinientes, las partes implicadas, lo que se reclama, el patrimonio embargable cuando corresponda…) 

En lo civil, es requisito indispensable la presentación de la demanda por la persona interesada para que se inste a la fase ejecutiva. Las autoridades judiciales no pueden, en este caso, actuar de oficio.

Tras un fallecimiento, los bienes, derechos y obligaciones de la persona serán repartidos de la siguiente forma:

• Dos tercios del total del caudal hereditario (el tercio de legítima y el tercio de mejora) han de dirigirse a los familiares más directos. 

• El tercio restante o tercio de libre disposición podrá destinarse a cualquier otro sujeto, siempre que así se hubiera dispuesto en el testamento del difunto.

Para conocer quiénes son los herederos forzosos, se ha de acudir al artículo 807 del Código Civil:

1.° Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.

2.° A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.

3.° El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código.

Si no hubiera herederos forzosos, entrará en aplicación el artículo 763 del Código Civil: “El que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testamento de todos sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para adquirirlos”.

La ley no establece un plazo específico para aceptar la herencia. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina entienden que:

• Dicho plazo es de 30 años a partir de la fecha del fallecimiento en el caso de los bienes inmuebles, aplicando por analogía el artículo 1963 del Código Civil 
• En el caso de los bienes muebles, el plazo se reduciría a 6 años, conforme al artículo 1962 del Código Civil.

Tramitamos tu herencia por vía amistosa y judicial. 

Somos conscientes de que son momentos difíciles, por lo que te acompañamos y ayudamos en la gestión y reparto durante todo el procedimiento creando un entorno de calma, seguro, confidencial y legal.